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Archivo, memoria y reparación. El CSIC y la depuración de la JAE surge del compromiso del CSIC con la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) y de la voluntad de abrir un espacio de reflexión e investigación sobre el origen y la memoria colectiva del principal organismo público de investigación de España. Mostramos las prácticas represivas sobre personas y espacios vinculados a la producción de conocimiento en el contexto político e institucional del franquismo. Presentamos los resultados científicos a la ciudadanía en un formato digital y abierto.

La JAE se organizó en torno a tres áreas: la política de pensiones para la formación en instituciones internacionales; la creación de centros científicos y laboratorios donde experimentar nuevos métodos de trabajo, como el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales o el Centro de Estudios Históricos; y la introducción de innovadoras técnicas educativas desarrolladas en el Instituto Escuela. La Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas (FNICER), creada en 1931 para buscar aplicaciones prácticas a las investigaciones desarrolladas por la JAE, se ha incorporado al Archivo al ser sus integrantes considerados en la documentación como parte de la Junta. Ambas instituciones funcionaron hasta abril de 1939 aunque el ejército sublevado las incorporó por decreto al Instituto de España en mayo de 1938 con la “misión de orientar y dirigir la alta cultura y la investigación superior en España”. A partir de 1939 el CSIC promovió políticas opuestas a los principios que habían articulado la investigación científica antes de la guerra.

Una fuente principal de este proyecto han sido los expedientes de depuración que se conservan en el Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes. Otra ha sido el libro de cuentas de la JAE de julio de 1936, depositado en el Archivo General de la Administración (AGA), que contiene la lista de personas que en esa fecha tenían una vinculación contractual con este organismo. En ese archivo consultamos, además, algunas declaraciones juradas en la sección de personal del Fondo CSIC. Todas estas fuentes se han contrastado con los diarios oficiales, republicanos y franquistas, como la Gaceta de la República y el Boletín Oficial del Estado.

El Archivo incluye personal investigador, técnico, administrativo y de gestión, pero tiene limitaciones. La burocracia del castigo generó una gran cantidad de documentación, pero no toda se ha conservado: los archivos no son neutrales y también sufrieron violencias.

El Archivo reconstruye los procesos de depuración de más de 500 personas. El colectivo de casos muestra patrones de actuación, continuidades y rupturas, vínculos con el poder y también formas de resistencia y colaboración.

La depuración fue una herramienta clave para la dictadura franquista. Construyó un cuerpo normativo que la reguló desde que comenzó la Guerra Civil y se institucionalizó durante los primeros años de la dictadura, manteniendo hasta la Transición procesos pendientes.

Los procedimientos se aplicaron de forma general al funcionariado y a toda clase de profesionales, regularizaron la represión y la violencia y persiguieron a quienes consideraron desleales aludiendo motivos políticos, religiosos, vínculos con la JAE, redes previas a la guerra, y muchos otros.

Las sanciones fueron administrativas y penales, impuestas por los tribunales de responsabilidades políticas y por los de represión de la masonería y el comunismo. Tuvieron repercusiones económicas, profesionales y sociales violentas y duraderas.

La Junta sufrió una depuración específica, aunque el proceso no fue lineal ni homogéneo. Se inició en abril de 1939 con el nombramiento de Nicolás Ramiro Rico como juez depurador de este organismo. Hubo otros jueces como Fernando Enríquez de Salamanca, Juan Marcilla Arrazola, Arturo Caballero Segares y Filiberto Díaz Tosaos que participaron de las depuraciones universitarias y de otras instituciones científicas con consecuencias para la JAE.

El CSIC no puede ser entendido como la institución heredera de la Junta. Al contrario, la depuración que mermó la plantilla de la JAE y el castigo de las políticas represoras de la dictadura de Franco, nada tuvieron que ver con las que habían sostenido la investigación en España hasta 1936. La arquitectura institucional del CSIC estuvo marcada por la retórica de la ley de su creación, “la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias”, lo que implicó el abandono de líneas de investigación previas y una selección de personal que acreditara una supuesta imparcialidad durante la guerra, y lealtad al nuevo régimen.